ISBN: 9789875001466

Formato: 224 págs. 14 x 20 cm.

Fecha Publicación: 2010

Precio: $ 240,00 (U$S 14,12)

Las cárceles de la miseria

Segunda edición ampliada

Introducción

Las virulentas denuncias de la “violencia urbana”; la intensificación de la vigilancia del llamado problema de los suburbios; la creciente angustia suscitada por la delincuencia juvenil, y su represión en aumento; el hostigamiento al que son sometidos los sin casa y los inmigrantes en el espacio público; los toques de queda nocturnos y la “tolerancia cero”; el crecimiento inexorable de las poblaciones carcelarias; el deterioro y la privatización de los servicios correccionales, y el monitoreo disciplinario de los receptores de la ayuda pública: a lo largo y lo ancho de la Unión Europea, los gobiernos se rinden a la tentación de apoyarse en la policía, los tribunales y la prisión para refrenar los desórdenes generados por el desempleo masivo, la generalización del trabajo asalariado precario y el hundimiento de la protección social. Las cárceles de la miseria describe la formación de este nuevo sentido común punitivo en Estados Unidos por obra de una red de usinas conservadoras de ideas durante la era Reagan, como un arma en su cruzada para desmantelar el Estado de Bienestar antes de exportarla a Europa occidental y al resto del mundo, junto con la ideología económica neoliberal que ella traduce y aplica al reino de la “justicia”. El libro muestra también que la transición del Estado social al Estado penal, cuya punta de lanza fue el viraje norteamericano al hiperencarcelamiento como singular política contra la pobreza, augura el advenimiento de un nuevo gobierno de inseguridad social que unirá la “mano invisible” del mercado laboral desregulado con el “puño de hierro” de un aparato punitivo invasor y omnipresente.

La demostración se desarrolla en dos etapas. La primera parte del libro (“Cómo llega a los europeos la ‘sensatez’ penal”) rastrea los procesos y los caminos mediante los cuales la doxa punitiva neoliberal compuesta de nociones y medidas apuntadas a la criminalización de la pobreza –y con ello a la normalización del trabajo inseguro en la base de la estructura de clases– se incubó en Estados Unidos y está en vías de internacionalizarse; de globalizarse, a decir verdad. En la difusión transatlántica de esta nueva manera de pensar y abordar la cuestión de la “seguridad” en la ciudad se distinguen tres fases: 1) la gestación, exposición y propagación, por parte de usinas norteamericanas de ideas y sus aliados en los campos burocrático y periodístico, de términos, tesis y criterios (“actividad policial de tolerancia cero”, la “teoría de la ventana rota”, “la cárcel funciona”, etc.) que convergen en la penalización de la marginalidad social y sus correlatos; 2) su importación selectiva, a través de una tarea de traducción y adaptación al lenguaje cultural y el marco institucional nacionales, a cargo de los funcionarios públicos y los dirigentes políticos de los distintos países receptores, y 3) la “academización” de las categorías de la penalidad neoliberal, tarea acometida por investigaciones pseudoeruditas hechas a medida para ratificar la abdicación del Estado social y económico, y legitimar la promoción del Estado penal.

Presto particular atención al papel central cumplido por el Manhattan Institute en la formulación y la presentación de la política agresiva de la “calidad de vida” implementada por el alcalde Rudolph Giuliani y su jefe de policía, William Bratton, en la ciudad de Nueva York, convertida en la meca de la lucha contra el delito por una astuta campaña de propaganda. Compruebo que la difusión transatlántica de “la ley y el orden” al estilo norteamericano se vio facilitada gracias a los estrechos lazos establecidos entre las usinas norteamericanas de ideas partidarias del mercado y los institutos políticos afines que han crecido como hongos en toda Europa durante la última década, y especialmente en Inglaterra. Al igual que en las cuestiones del empleo y la asistencia social, Londres ha actuado como un caballo de Troya y una cámara de aclimatación de la penalidad neoliberal, con vistas a su propagación a través del continente europeo. En este aspecto, uno de los actores protagónicos es el Institute for Economic Affairs, que en un principio llevó al Reino Unido a Charles Murray para defender la necesidad de hacer recortes en las prestaciones sociales con el fin de frenar el crecimiento de una “infraclase” destructiva; luego a Lawrence Mead, para promover la adopción de “programas asistenciales de trabajo” [workfare] de características paternalistas, y por último al propio William Bratton, para propagandizar la “tolerancia cero” en el trabajo policial. Pero si la exportación de los nuevos productos norteamericanos de lucha contra el delito se verificó tan exitosa –en el plano de la retórica pública y la formulación de políticas, ya que no en su implementación–, se debe a que se ajustaba a las perspectivas y servía a las necesidades políticas de los líderes partidarios y los administradores estatales de los países importadores, en su proceso de conversión a la religión del “libre mercado” y el imperativo del “gobierno pequeño” (en cuestiones sociales y económicas, valga aclararlo). Esto es válido de manera especialmente paradójica para Lionel Jospin y los socialistas franceses luego de su retorno al poder en 1997, tras las monumentales manifestaciones antineoliberales de diciembre de 1995 que provocaron la caída de la mayoría conservadora. Como sus pares británicos, alemanes e italianos, los socialistas franceses adhirieron alegremente a la alianza en formación en torno del “consenso de Washington” sobre el castigo del delito, en un esfuerzo por apuntalar su legitimidad política mediante el ofrecimiento de mayor seguridad contra el accionar de la delincuencia, como una manera de apartar las miradas de la creciente inseguridad social generada por su política económica, y curarla con aspirinas.

La segunda parte del libro (“La tentación penal en Europa”) examina la transición del Estado social al Estado penal en Estados Unidos, donde se la ha acometido con vigor a lo largo de veinticinco años, y en la Unión Europea, donde hoy se propone como una cura pragmática para la perniciosa combinación de falta de trabajo, inmigración y criminalidad. Esta parte comienza con una compacta caracterización analítica y empírica del crecimiento del Estado carcelario estadounidense a través de cinco dimensiones: 1) la expansión vertical atestiguada por el alza desbocada de las poblaciones de reclusos en todos los niveles del sistema penitenciario; 2) la expansión horizontal producida por la ampliación del uso de la libertad probatoria [probation] y la libertad condicional punitiva y el crecimiento de las bases de datos electrónicas y genéticas que permiten intensificar la vigilancia a distancia; 3) el aumento desproporcionado de los presupuestos y el personal correccional en las administraciones públicas, en paralelo con la reducción de las erogaciones en educación y asistencia social; 4) el resurgimiento y frenético desarrollo de una industria privada del encarcelamiento pródigamente apoyada por Wall Street, y 5) una política de “acción afirmativa carcelaria” que resulta en la preponderancia demográfica de los afroamericanos y profundiza la disparidad y la hostilidad raciales entre las poblaciones confinadas. A mi entender, la “dilatación” del sector penal del Estado norteamericano está causal y funcionalmente relacionada con el “achicamiento” de su sector encargado de las prestaciones sociales en la era poskeynesiana. Ambos procesos participan de la construcción de un régimen de paternalismo liberal que da al hipertrófico sistema penal un lugar central en el aparato emergente para la administración de la pobreza, en la encrucijada del mercado laboral desregulado de bajos salarios, los programas de seguridad social reformulados para sostener el empleo casual y el declinante gueto negro como dispositivo de control etnorracial. En suma, el salto ascendente de la prisión en el Estados Unidos posfordista corresponde al nuevo trazado del perímetro y la misión del Leviatán (de paso, esto demuele el mito activista del “complejo industrial penitenciario” y su visión alucinatoria del encarcelamiento como mecanismo en beneficio del lucro capitalista y la explotación de la mano de obra de los reclusos).

Luego de perfilar los contornos del Estado penal norteamericano, documento varias tendencias que convergen para constituir, por así decirlo, un “camino europeo” al tratamiento penal de la pobreza y la desigualdad, caracterizado por la intensificación conjunta de las intervenciones en materia penal y de asistencia social (en vez del reemplazo de una por otra, como sucede en Estados Unidos): el crecimiento constante de los índices de encarcelamiento en la mayoría de los miembros de la Unión Europea desde la estanflación de la década de 1970; la masiva sobrerrepresentación, entre sus reclusos, de los sectores más precarios de la clase obrera, incluidos los desocupados, los inmigrantes no europeos y los drogadictos; el endurecimiento del castigo, más abiertamente inclinado a la incapacitación en desmedro de la rehabilitación, y el hacinamiento persistente de cárceles y prisiones que reduce en sustancia el confinamiento a su función de depósito de indeseables. El cariz punitorio que han adquirido los discursos públicos sobre los desórdenes urbanos, especialmente pronunciado entre los funcionarios socialistas y socialdemócratas, delata una deriva similar hacia una respuesta policial y penitenciaria a la difusión de la pobreza urbana y las dislocaciones sociales conexas que, paradójicamente, se deben a la amputación de las capacidades estatales de acción social y económica. Es lícito entonces predecir que una convergencia “descendente” de Europa en el frente del trabajo y la asistencia social resultaría en una convergencia “ascendente” en el frente penal, traducida en otro repunte de la población carcelaria. En rigor, la construcción de la Europa penal ya está en plena marcha, en cuanto la unificación policial, judicial y penitenciaria sucede a la unificación monetaria como próxima gran plataforma para la integración europea, mientras que la “Europa social” languidece en una situación de visión difusa y proyecto retórico.

La exploración de la difusión de la doxa neoliberal y el arco diferencial de la penalización de la pobreza a ambos lados del Atlántico en las décadas finales del siglo XX es muy reveladora sobre la transformación del poder estatal y de clase en la era del neoliberalismo hegemónico. También deja ver que el imprevisto retorno de la prisión al primer plano institucional de las sociedades avanzadas no es motorizado por tendencias en el delito o la mayor eficacia de las burocracias policiales y judiciales, ahora guiadas por la teoría científica (como querría hacerlo creer el cuento semiacadémico de las “ventanas rotas”), sino que es el resultado de decisiones políticas informadas por valores culturales y realzadas en su importancia por las asimetrías de poder. El hecho de que la expansión carcelaria no sea un destino sino una política significa que otras políticas pueden cuestionarla, desacelerarla y, a la larga, revertirla. Mi esperanza es que este libro aporte materiales empíricos, herramientas conceptuales e indicadores políticos para tal fin.

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