ISBN: 9789875001343

Formato: 336 págs. 14 x 22 cm.

Fecha Publicación: 2009

Precio: $ 380,00 (U$S 22,35)

La legitimidad democrática

Imparcialidad, reflexividad, proximidad

El descentramiento de las democracias (Introducción)

La unción popular de los gobernantes es para nosotros la principal característica de un régimen democrático. La idea de que el pueblo es la única fuente legítima del poder se ha impuesto con la fuerza de la evidencia. Nadie pensaría en cuestionarla, ni siquiera en reflexionar sobre ella. “La soberanía no se puede compartir, resumía en el siglo XIX un gran republicano francés. Es preciso elegir entre el principio electivo y el principio hereditario. Es preciso que la autoridad se legitime mediante la voluntad de todos, libremente expresada, o mediante la supuesta voluntad de Dios. ¡El pueblo o el papa! ¡Elegid!” Responder a semejante disyuntiva dispensaba de cualquier argumentación. Y en esa situación nos hemos mantenido. Ese enunciado, sin embargo, encubre una importante aproximación al tema: la asimilación práctica de la voluntad general con la expresión mayoritaria. Pero no llegó a ser discutida. En efecto, el hecho de que el voto de la mayoría estableciera la legitimidad de un poder también fue universalmente admitido como un procedimiento que se identificaba con la propia esencia del hecho democrático. Una legitimidad definida en esos términos se impuso ante todo, naturalmente, como ruptura con un mundo antiguo donde las minorías dictaban su ley. La evocación de “la gran mayoría”, o de “la inmensa mayoría”, bastaba entonces para darle cuerpo al afianzamiento de los derechos de la mayoría frente a la voluntad claramente particular de los regímenes despóticos o aristocráticos. La apuesta decisiva consistía en marcar una diferencia en cuanto al origen del poder y los fundamentos de la obligación política. A partir de ahí, el principio de la mayoría se fue haciendo reconocer en su sentido más estrictamente procedimental. “La ley de la mayoría –se ha destacado de manera clásica– es una de esas ideas simples que se hacen aceptar de entrada; se caracteriza por no favorecer a nadie de antemano y pone a todos los votantes en la misma categoría.”
 
Las ficciones fundadoras
 
Sin embargo, el pasaje de la celebración del Pueblo o de la Nación, siempre en singular, a la regla mayoritaria no cae por su propio peso, dada la diferencia de niveles en la que se sitúan los dos elementos. Por un lado, se encuentra la afirmación general, filosófica si se quiere, de un sujeto político y, por el otro, la adopción de un procedimiento práctico de elección. De esta manera, en la elección democrática se mezclan un principio de justificación y una técnica de decisión. Su rutinaria asimilación terminó por encubrir la contradicción latente que los subtendía. En efecto, ambos elementos no son de la misma naturaleza. En tanto procedimiento, la noción de mayoría se puede imponer fácilmente al pensamiento, pero no ocurre lo mismo si se la entiende de manera sociológica. En este caso, adquiere una dimensión inevitablemente aritmética: designa lo que sigue siendo una fracción, aunque sea predominante, del pueblo. Pues bien, la justificación del poder mediante las urnas siempre ha remitido implícitamente a la idea de una voluntad general y, por lo tanto, de un pueblo figura del conjunto de la sociedad. Esta perspectiva sociológica no ha dejado de fortalecerse mediante el requisito moral de igualdad y por el imperativo jurídico del respeto de los derechos, que llama a considerar el valor propio de cada integrante de la colectividad. De esta manera, el horizonte de la unanimidad ha subtendido la idea democrática desde los orígenes: es democrático, en el sentido más amplio del término, lo que expresa la generalidad social. Tan sólo se procedió como si la mayor cantidad valiera por la totalidad, como si fuera una manera aceptable de acercarse a una exigencia más fuerte. Primera asimilación desdoblada en una segunda: la identificación de la naturaleza de un régimen con sus condiciones de establecimiento. La parte valía por el todo y el momento electoral valía por la duración del mandato: tales fueron los dos supuestos sobre los que se asentó la legitimidad de un régimen democrático.
El problema es que esta doble ficción fundadora progresivamente se fue mostrando como la expresión de una insoportable contraverdad. Por eso, desde fines del siglo XIX, mientras el sufragio universal (masculino) comenzaba precisamente a generalizarse en Europa, en todas partes se multiplicaban los signos de un precoz desencanto. El espectro del reino de las masas, al principio tan temido por los liberales, pronto fue reemplazado por la comprobación del advenimiento de regímenes envarados en la estrechez de sus preocupaciones. Las palabras “pueblo” y “nación”, que no habían dejado de alimentar expectativas e imaginaciones, entonces se vieron como empequeñecidas al encontrarse ahogadas en los meandros de la agitación partidaria y en el clientelismo. El sistema de partidos, cuya existencia y función no habían sido consideradas por ninguno de los primeros teóricos de la democracia, se impuso a partir de este período como el efectivo corazón de la vida política, dando lugar al reino de las rivalidades personales y las camarillas. A la inversa, el Parlamento, que, por su parte, había sido considerado desde los orígenes como la institución que resumía el espíritu y la forma del gobierno representativo, perdía su centralidad y asistía al cambio de naturaleza de su funcionamiento. La idea inicial de un recinto de la razón pública donde se debatiera en voz alta la definición del interés general, de hecho se había degradado en un sistema de negociaciones sometidas a intereses particulares. Por su parte, el momento electoral continuó movilizando las energías y expresando verdaderas cuestiones por resolver. Pero ya no volvió a ser aquella fiesta calurosa de la ciudadanía que había trazado el primer horizonte del sufragio universal. Durante todo ese período que transcurre entre 1890 y 1920, en el que se amontonan las obras que auscultan la “crisis de la democracia”, la idea de que el funcionamiento del sistema electoral mayoritario lleva a expresar el interés social fue perdiendo toda credibilidad. El mundo electoral-parlamentario se mostraba gobernado por lógicas de la particularidad más que por una exigencia de generalidad. El principio de la elección de los gobernantes por cierto que siempre delineó un horizonte procedimental insuperable, pero se dejó de creer en la automaticidad de sus virtudes.
 
La doble legitimidad: formación y declinación de un sistema
 
Frente a lo que se experimentaba como una profunda conmoción, ese período 1890-1920, que enmarcó la Gran Guerra, procurará determinar los medios que le permitieran al ideal democrático recuperar su primitiva dimensión sustancial. Como se sabe, se explorarán los caminos más extremos, llegando en algún momento incluso a erigir el proyecto totalitario como figura deseable del bien público. Pero en medio de esa efervescencia también surgirá de manera más discreta lo que modificará en profundidad los regímenes democráticos: la formación de un verdadero poder administrativo. En efecto, durante ese período se edifica en todas partes un Estado más fuerte y mejor organizado. El hecho importante consiste en que su desarrollo era indisociable de una empresa de refundación de sus principios. Se quería que la “maquinaria burocrática” constituyera en sí misma una fuerza identificada con la realización del interés general. Los modelos del servicio público en Francia y de la administración racional en Estados Unidos ilustraban entonces las dos grandes maneras de pensar el cumplimiento de ese objetivo. Por un lado, la visión de una especie de corporativismo de lo universal, que llamaba estructuralmente a los funcionarios a identificarse con su misión, a volverse “interesados en el desinterés”. Por el otro, la búsqueda del acceso a la generalidad mediante las virtudes de una gestión científica. De esa manera, se encontraban reactualizados y reinsertados en el universo democrático los antiguos ideales del gobierno racional y de la política positiva, que desde la Ilustración hasta Auguste Comte habían invitado a realizar el bien público al margen de las pasiones partidarias.
El objetivo era corregir el problemático proyecto de una expresión unificada de las voluntades mediante una forma de implementación más realista y objetiva de la generalidad social. En efecto, esa empresa comenzó a tomar cuerpo, por lo menos parcialmente. Sin que las cosas nunca hayan sido plenamente conceptualizadas, los regímenes democráticos fueron apoyándose progresivamente en dos bases: el sufragio universal y la administración pública. Ésta dejó de ser la simple correa de trasmisión del poder político para adquirir un margen de autonomía basado en la competencia. A la igualdad de expresión reconocida por el voto le correspondía, en consecuencia, el principio de la igualdad de admisión en la función pública. Dos tipos de pruebas paralelas fueron consagradas simultáneamente para designar a quienes podrían denominarse representantes, o intérpretes, de la generalidad social: la elección y el concurso (o examen). La elección como opción “subjetiva”, guiada por el sistema de intereses y opiniones, el concurso como selección “objetiva” de los más competentes. En el caso francés, esas dos dimensiones del principio sagrado del sufragio universal y del servicio público superpusieron explícitamente sus respectivos valores en la ideología republicana. Los “jacobinos de excelencia” de la alta administración la encarnaron con los mismos títulos que los elegidos por el pueblo. Junto con la legitimidad del establecimiento –la de la consagración a través de las urnas–, aparecía una segunda percepción de la legitimidad democrática: la de la identificación con la generalidad social. En los hechos, ésta desempeñó un papel decisivo en tanto elemento compensador del debilitamiento de la legitimidad electoral. De esta forma, se enlazaban los dos grandes modos de concebir la legitimidad: la legitimidad derivada del reconocimiento social de un poder y la legitimidad como adecuación a una norma o a valores. A partir de comienzos del siglo XX, esas dos formas cruzadas de legitimidad –procedimental y sustancial– le dieron un cierto asentamiento a los regímenes democráticos. La vuelta de página comenzó en la década de 1980.

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